El art\u00edculo 20 CE reconoce y protege el derecho de comunicar o de recibir libremente informaci\u00f3n veraz por cualquier medio de difusi\u00f3n. Cualquier persona, en el marco de su autonom\u00eda personal, puede ser titular del derecho a la libertad de informaci\u00f3n. Por lo tanto, no solo los periodistas son titulares de este derecho, a pesar de que son quienes m\u00e1s a menudo lo ejercen.<\/p>\n
Como se desprende de la formulaci\u00f3n, este derecho se basa en la veracidad de la informaci\u00f3n. La libertad de informaci\u00f3n \u00abampara la transmisi\u00f3n de hechos ver\u00eddicos que, a la vez, pueden ser considerados noticiables, es decir, que revistan inter\u00e9s o relevancia p\u00fablica para la sociedad\u00bb. El Tribunal Constitucional, en su jurisprudencia, reconoce la estrecha conexi\u00f3n entre la libertad de informaci\u00f3n y la libertad de formaci\u00f3n de la opini\u00f3n p\u00fablica, por lo cual tiene que prevalecer por encima de otros derechos con los que pueda entrar en conflicto, siempre que la informaci\u00f3n que se transmite sea veraz y relevante.<\/p>\n
La veracidad no quiere decir verdad o realidad incontrovertible de los hechos, sino que hace referencia a la diligencia del periodista para averiguar los hechos sobre los que versa la informaci\u00f3n, y de acuerdo con aquello que es exigible a un profesional de la informaci\u00f3n que excluye rumores o invenciones. Tampoco quiere decir que la informaci\u00f3n no pueda ser err\u00f3nea, sino que haya sido contrastada previamente con datos objetivos o, si procede, que se rectifique r\u00e1pidamente.<\/p>\n
En varias sentencias, el Tribunal Constitucional ha perfilado el alcance de este t\u00e9rmino y ha identificado los elementos que tienen que concurrir para poder acreditar la veracidad. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la veracidad est\u00e1 vinculada a la posibilidad de contrastar la informaci\u00f3n que se difunde, a la diligencia del periodista para averiguar la informaci\u00f3n, a la actitud positiva respecto a la verdad, y a la actividad del periodista para comprobar de manera razonable los hechos que se difundir\u00e1n.<\/p>\n
\u00abSobre la veracidad de la informaci\u00f3n, este Tribunal ha establecido una consolidada doctrina seg\u00fan la cual este requisito constitucional \u201cno va dirigido a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la informaci\u00f3n, sino a negar la protecci\u00f3n constitucional a los que trasmiten como hechos verdaderos, bien simples rumores, carentes de toda constataci\u00f3n, o bien meras invenciones o insinuaciones sin comprobar su realidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente; todo ello sin perjuicio de que su total exactitud puede ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado […]. La raz\u00f3n se encuentra en que, como hemos se\u00f1alado en muchas ocasiones, cuando la Constituci\u00f3n requiere que la informaci\u00f3n sea \u201cveraz\u201d no est\u00e1 tanto privando de protecci\u00f3n a las informaciones que puedan resultar err\u00f3neas, como estableciendo un deber de diligencia sobre el informador a quien se le puede y debe exigir que lo que transmite como \u201chechos\u201d haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos […]. De este modo, el requisito de la veracidad deber\u00e1 entenderse cumplido en aquellos casos en los que el informador haya realizado, con car\u00e1cter previo a la difusi\u00f3n de la noticia, una labor de averiguaci\u00f3n de los hechos sobre los que versa la informaci\u00f3n y la referida indagaci\u00f3n la haya efectuado con la diligencia que es exigible a un profesional de la informaci\u00f3n.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n