La Generalitat de Catalu\u00f1a se a\u00f1adi\u00f3 a la transparencia un a\u00f1o despu\u00e9s de la entrada en vigor de la Ley de transparencia y buen gobierno de Espa\u00f1a, la LTBG, que entr\u00f3 en vigor en diciembre del 2013. Espa\u00f1a lleg\u00f3 tarde, tan tarde, que cuando se decidi\u00f3 a hacerlo era el \u00fanico pa\u00eds europeo de m\u00e1s de un mill\u00f3n de habitantes que a\u00fan no ten\u00eda una ley que reconociera el derecho de acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n
La presi\u00f3n ejercida por parte de la Coalici\u00f3n ProAcceso, una organizaci\u00f3n formada por unas sesenta organizaciones y actores de la sociedad civil, fue fundamental para que finalmente el gobierno popular empezase a redactar el proyecto de ley.<\/p>\n
Actualmente, tanto la legislaci\u00f3n catalana como la espa\u00f1ola tienen algunas carencias. En concreto, una que afecta a lo m\u00e1s b\u00e1sico: Espa\u00f1a no reconoce el derecho a la informaci\u00f3n p\u00fablica como un derecho fundamental.<\/p>\n
Por lo tanto, para formular una petici\u00f3n, tanto si es en el portal de transparencia catal\u00e1n como en el del Estado, la persona tiene que identificarse previamente como ciudadano. En el caso de Catalu\u00f1a, se puede hacer mediante el certificado digital \u2013la firma electr\u00f3nica estatal\u2013 o con la contrase\u00f1a IdCAT m\u00f3vil.<\/p>\n
Tanto el uno como el otro tienen que conseguirse de forma presencial, yendo, en el primer caso, a las dependencias de la Administraci\u00f3n general del Estado y, en el segundo, a una de las 38 oficinas acreditadas por la Generalitat.<\/p>\n
A pesar de que no hay datos disponibles sobre qu\u00e9 porcentaje de la poblaci\u00f3n dispone de certificado electr\u00f3nico ni de IdCAT m\u00f3vil, la complejidad de la identificaci\u00f3n choca con uno de los fundamentos del derecho de acceso a la informaci\u00f3n: hacer peticiones tendr\u00eda que ser un proceso sencillo, r\u00e1pido y gratuito. Gratuito lo es, pero no es ni sencillo ni r\u00e1pido, uno de los principios b\u00e1sicos que la organizaci\u00f3n ProAcceso reclama para el correcto funcionamiento de la transparencia.<\/p>\n
Una vez hecha la petici\u00f3n, la Administraci\u00f3n competente tiene un plazo m\u00e1ximo de 30 d\u00edas para responder, que en el caso del conjunto estatal se puede atrasar hasta 15 d\u00edas m\u00e1s.<\/p>\n
Una de las grandes ventajas que ofrece la ley catalana respecto a la espa\u00f1ola es el silencio administrativo positivo. Si la Administraci\u00f3n p\u00fablica catalana no responde al ciudadano, autom\u00e1ticamente se le tienen que facilitar los datos requeridos. En cambio, en el caso de la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola, este silencio se interpretar\u00e1 autom\u00e1ticamente como una denegaci\u00f3n.<\/p>\n
Si la petici\u00f3n de informaci\u00f3n es denegada o los datos obtenidos no son satisfactorios, se puede recurrir a un \u00f3rgano independiente que eval\u00fae de forma externa si se tiene que facilitar, o no, la informaci\u00f3n requerida. En este sentido, la ley catalana vuelve a ser m\u00e1s favorable para el ciudadano.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n de Garant\u00eda del Derecho de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica (GAIP), el \u00f3rgano que vela por el cumplimiento del derecho y el encargado de resolver todas las reclamaciones, es elegida por el pleno del Parlamento, y los miembros tienen dedicaci\u00f3n exclusiva para llevar a cabo esta tarea. A diferencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo hom\u00f3logo estatal, los miembros ejercen otras funciones m\u00e1s all\u00e1 de la pertenencia a este ente, y son elegidos por el Gobierno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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