2.1. El gobierno abierto
2.1.1. Introducción
El gobierno abierto hace referencia a los mecanismos que permiten que las administraciones públicas y la ciudadanía puedan trabajar juntos en la generación de valor público.
El gobierno abierto persigue fortalecer las relaciones entre las administraciones públicas y la ciudadanía, mediante la transparencia de las administraciones públicas y la participación y la colaboración ciudadana con el uso intensivo de los medios electrónicos. Por diferentes mecanismos, las administraciones públicas informan a la ciudadanía sobre su actividad y escuchan sus preferencias y sus opiniones, implicándola en el diseño y la implementación de las políticas públicas. El gobierno abierto se basa en el uso intensivo de la tecnología e implica el impulso de la innovación en las administraciones públicas.
Así pues, el gobierno abierto es transparente, es decir, facilita a la ciudadanía información sobre las actividades que llevan a cabo las administraciones públicas, las decisiones que toman y cómo las toman, y cómo se gestionan los recursos públicos.
El gobierno abierto también es participativo, es decir, escucha las necesidades que expresa la ciudadanía y facilita la implicación en la toma de decisiones públicas por medio de espacios que permitan el diálogo y la deliberación.
La legislación vigente recoge los principios de transparencia y de participación. Algunas normas, incluso, hacen referencia al gobierno abierto y prevén mecanismos específicos. Un ejemplo lo encontramos en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de Cataluña, que define el gobierno abierto como «las medidas para establecer una relación y un diálogo permanentes y bidireccionales entre la Administración y las personas a la hora de definir y de aplicar las políticas públicas, y para introducir y desarrollar instrumentos de participación y de colaboración ciudadana en los asuntos públicos».